Reformas y credibilidad*

Alejandro Alcalá Gerez - Julio E. Mariscal Peláez    

El principal reto alrededor del plan de reformas estructurales que ha iniciado el Gobierno no son las reformas en sí mismas sino la crisis de credibilidad de la clase política en México. El resultado de cualquier reforma estará ligado, necesariamente, a la resolución o mitigación de dicha crisis.

El Ejecutivo necesita demostrarle a la población que las reformas no implicarán un caso más de fraude o política económica errónea. En este proceso tiene, sin embargo, la oportunidad de embarcar al país en un camino de reforma que toque la manera misma de hacer política en México.

México requiere de un cambio estructural en varios frentes. No es secreto que durante los últimos años el país se ha estancado en niveles de crecimiento mediocres. Mientras otras naciones han logrado transformar sus economías y lograr un crecimiento más o menos equitativo que les ha permitido reducir los niveles de pobreza y desigualdad, en México no hemos logrado avanzar en esa dirección. El diagnóstico ha sido consistente: México no crece lo suficiente. Bajo este estigma, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado lo que parecía difícil en el pasado reciente y, al amparo del Pacto por México, los tres principales partidos de México han dispuesto un ambicioso plan de reformas que busca reestructurar los sectores clave para el desarrollo del país: educación, energía y financiero.

Poca gente podría argumentar en contra de la urgencia e importancia de reformar estos sectores para acelerar nuestro crecimiento. En los tres casos es de primordial importancia remediar la baja productividad, eliminar las ineficiencias y desterrar la corrupción. En el caso de la reforma energética, el Presidente y su partido, así como el PAN y el PRD, han presentado iniciativas de reforma que han sido recibidas con evidente recelo por la mayoría de los mexicanos. ¿La razón? Más allá de la desinformación y dogmatización que imperan en la comentocracia y la opinión popular, décadas de mala administración de Pemex y la renta petrolera, un sistema impositivo deficiente, crisis, corrupción y experimentos dolorosos con la privatización - como en el caso de Telmex y otras empresas estatales - validan la duda sobre la capacidad del gobierno para concretar reformas efectivas.

Las diversas reformas presentadas pudieran ser benéficas para el país, pero solo serán efectivas en la medida en que el gobierno logre convencer a la población de que ésta no es una ocasión más en la que “reformar” será sinónimo de “saquear y/o desproteger”. En esta oportunidad, los mexicanos queremos algo más que el repetitivo discurso del “paraíso a nuestro alcance” o el nuevo “tenemos que creer” seguido del consecuente bombardeo de spots en radio y televisión. Se requieren garantías, transparencia, cierto grado de consenso y legitimidad para avanzar. Sin estas condiciones cualquier reforma propuesta corre riesgo de ser una versión “descafeinada”, en donde impere una vez más “la reforma posible por sobre de la ideal”.

Es entendible la sospecha que enfrentan las iniciativas: en la experiencia de nuestro país, los procesos de reforma nunca han estado exentos de corrupción de las autoridades. Más allá, dichos procesos han generado el enriquecimiento de las cúpulas, cimentado los compadrazgos políticos y sometido al país – de forma real o aparente – a los intereses del exterior. Los resultados de la última reforma del sector bancario y telecomunicaciones distan de ser ejemplos donde se lograron mercados eficientes y competitivos: Se mantuvo el corporativismo pero se privatizaron las utilidades. Escuchar, por tanto, las palabras “participación de capital privado” nos genera una asociación natural con fraude y crisis, neoliberalismo sin barreras, monopolios, y la creación de nuevos grupos de poder que, parece, controlan el país.

La transición de México hacia la apertura económica ha sido larga y llena de obstáculos. Las privatizaciones de los ‘90 significaron la recomposición de monopolios públicos en monopolios privados, sin beneficios claros para la población. Estos nuevos monopolios, si bien trajeron consigo la modernización de algunos servicios, no implicaron un mayor acceso, ni disminuyeron la brecha de desigualdad que existía; por el contrario, profundizaron dicha desigualdad al tiempo que sirvieron para acrecentar aceleradamente las fortunas de unos cuantos. Por eso, desgraciadamente, es muy difícil sostener que los beneficios de la globalización o el neoliberalismo alcanzan a toda la población.

La reciente experiencia de la privatización bancaria y la reforma del sector financiero reafirma este escepticismo crónico. Los servicios bancarios en México son de los más caros del mundo; las comisiones que los bancos extranjeros cobran en México pueden ser hasta 10 veces más altas que las que cobran en sus países de origen y el nivel de educación financiera y protección al consumidor de servicios financieros es por demás mediocre. Adicionalmente, la concentración es significativa: Los dos grupos bancarios más grandes del país, Banamex y Bancomer, concentran cerca del 50% de los activos bancarios del país y sumando a Santander, Banorte y HSBC, el control asciende a más del 80%. En cuanto a las utilidades - y aun cuando el crédito es limitado - no es accidente que Banamex represente 10% de los ingresos globales de Citibank o que Bancomer represente 24% de los ingresos globales de BBVA. Es claro que la banca en México es un negocio muy rentable pero que no otorga un nivel de servicio consecuente con las utilidades que le genera a sus dueños. Más allá, nadie logra olvidar el manejo post crisis del ’94 cuando hubo que rescatar el sistema con fondos públicos. El resultado es conocido: salvaron el sistema financiero, pero junto con él también salvaron a banqueros corruptos, asícomo a los amigos de los corruptos1.

El sector de telecomunicaciones es un recordatorio más de las malas experiencias con las reformas. ¿Cómo no recordar la amañada privatización de Telmex y el otorgamiento de fantásticas condiciones de explotación de un servicio esencial para la población? El problema no fue la acción de privatizar en símisma, sino las condiciones particulares de dicho proceso, que tuvieron el efecto práctico de preservar el monopolio2. Una vez más, el servicio de telefonía en México es uno de los más caros del mundo (incluidos los países de la OCDE3). Se trata de un servicio ordinario a precios extraordinarios. No es accidente tampoco que la fortuna del hombre más rico del mundo creciera a estos niveles en tan sólo 20 años desde la privatización. ¿Quién puede contra el monopolio? No lo ha hecho el gobierno y hoy por hoy es tan difícil como hace dos décadas competir con el Sr. Slim.

Cuando hablamos de apertura del sector energético, viene a colación notar lo que sucede en otros sectores bajo control de capital privado, como es el caso de los medios informativos ¿Qué es lo que tenemos presente cuando hablamos de medios y, especialmente, de la televisión? Aquí tenemos a otros dos privilegiados al frente de sus imperios, concentrando 90% del mercado entre ellos. Multimillonarios intocables, proveen un servicio de muy baja calidad mientras gozan de un nivel de poder difícil de imaginar: se les permite estar en cada hogar de México y bombardearlo con el mensaje del momento, con la frecuencia y contenido que a sus dueños parezcan necesarios. Cuando - por ejemplo - las iniciativas de reforma energética proponen abrir el sector a competencia habría que mirar el caso del canal 22 de la televisión e imaginar lo que podría suceder con Pemex. El canal 22 es un importante activo de la televisión pública, con gran calidad de contenido pero sin recursos, capacidad de competencia, voluntad o audiencia para promoverlos. Por eso, desgraciadamente, hablar de liberalización de sectores y otorgamiento de concesiones es ahora tabú en México.

En ese marco, es lógico y entendible que la población reaccione con escepticismo a cualquier propuesta de reforma, y que proclamas como “Le regalan el petróleo a los extranjeros” o “Nos roban lo último que nos queda” hagan eco en la población. Es lógico que los ciudadanos reaccionen negativamente cada vez que oyen: Es por nuestro bienestar, por tu familia, por México, una oportunidad única y urgente, etc. etc. Utilizando esas mismas frases se han cometido incontables abusos en nuestra historia reciente, con la familia mexicana pagando siempre el precio más alto.

Dicho lo anterior, sin embargo, no podemos extrañar tampoco al viejo Teléfonos de México, a Luz y Fuerza, a la banca estatizada. Jamás hemos tenido esta euforia patriotera de sentir que somos propietarios del petróleo por el sólo hecho de que sea Pemex quien lo controle (propaganda tan populista y mentirosa como las fantásticas promesas de los ’90). El proteccionismo obscuro, el yugo eterno de los sindicatos, la masa de aviadores que chupan del presupuesto es una historia lacerante y ofensiva para todos nosotros (aventuraríamos, inclusive, para la mayoría de los trabajadores que forman parte de esos sindicatos). El sindicalismo actual padece la misma suerte que nuestra clase política (siendo, de hecho, madera del mismo árbol): está severamente desprestigiado, es sinónimo de corrupción, abuso, ineficiencia y otros tantos males que se vienen a la mente cuando uno escucha los nombres: Fidel Velázquez, Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps.

En esto no debemos ser cínicos sino realistas: la aplastante mayoría de los servicios públicos son malos, son caros, y en muchos casos corruptos e ineficientes. Denle una ojeada a la educación, al transporte, al sistema de salud. Por ello, tristemente, cuando existe la opción uno va a la clínica privada o busca inscribir a sus hijos en la escuela particular. En México con los años hemos aprendido que el gobierno no sabe, no puede o no busca administrar bien los recursos que le son encomendados y por eso necesita de pesos y contrapesos. En la esfera de los servicios públicos hacen falta mecanismos institucionales de acotamiento y transparencia del gobierno; mecanismos cuyo control y dirección estén mucho más cerca de la ciudadanía.

El gobierno y los partidos políticos tienen un déficit de credibilidad tremendo frente a la población. Una de las cosas que el gobierno debe hacer si quiere que las reformas estructurales avancen y sean efectivas es reducir dicho déficit. Como hemos mencionado, consideramos que la problemática real detrás de las iniciativas no es necesariamente la participación del capital privado en ellas, sino la falta de transparencia y garantías a la población. Por ello, en el caso de la reforma energética, el gobierno debe adoptar una propuesta que proteja la renta petrolera, de sí mismo y de terceros, y para lograrlo no puede dejar de abordar el tema fiscal y su extraordinaria dependencia de los ingresos de Pemex. Será preciso discutir y aclarar desde ahora cuales serán las reglas del juego, ser transparentes respecto del uso futuro de la renta petrolera proporcionando expectativas claras y realistas, y acaso reforzar dicho esquema con la inclusión de un fondo soberano.

Si nos permiten el parafraseo: Con la agenda de reforma que plantea el Pacto por México, tanto el gobierno como los partidos tienen una oportunidad única e histórica de reformar, no sólo al país, sino a sí mismos, y con ello a la manera de hacer política en México. Esto sólo redituará en el bienestar de la clase política en su totalidad, garantizando la gobernabilidad del país y devolviendo algo de la credibilidad que se han abocado a destruir en las últimas décadas. Esa reforma sí que es urgente: México no puede esperar más.

*El contenido de este artículo expresa la opinión personal de sus autores y no refleja en manera alguna la posición de las instituciones a las cuales representan, con las cuales colaboran o están asociados. Cualquier error en el contenido del texto es responsabilidad exclusiva de los autores.

1 Una ojeada al Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004 le será ilustrativo de la grotesca corrupción que se dio durante este proceso. Las transacciones reportables sumaron aproximadamente 72,700 millones de pesos, aunque el auditor Mackey, no asegura que sus procedimientos hayan identificado la totalidad de las transacciones reportables. 
2 Cuando TELMEX fue privatizada en 1990, una parte significativa de la infraestructura de telecomunicaciones del país quedó concentrada en las manos de una sola compañía, misma a la que se le permitió incrementar sus tarifas sustantivamente y a la cual se le otorgaron beneficios fiscales. Se le protegió formalmente de tener competencia por 6 años en larga distancia local e internacional, e informalmente se le aisló también de cualquier competencia en telefonía local ya que el gobierno no estableció reglas de interconexión sino hasta 1999.
3 Los precios de la telefonía fija en México están por encima de aquellos en países como EUA, Alemania, Reino Unido, Suiza, Canadá y Nueva Zelanda, etc.